El 17 de junio, la jueza Delicia de los Ángeles Garcés, de la Unidad de Familia con sede en Quito, dictó medidas cautelares a favor de la Nacionalidad Waorani, en las que se dispusieron términos y acciones concretas para los Gobernadores de Napo, Pastaza y Orellana; los Ministerios de Salud Pública (MSP), de Ambiente y Agua (MAE) y de Inclusión Económica y Social (MIES); la Secretaría de Derechos Humanos; y la Defensoría del Pueblo.

Estas medidas fueron 1 interpuestas debido a que la propagación del covid-19 pone en riesgo varios derechos, entre ellos, la vida de nuestro pueblo como la de nuestros hermanos los Pueblos en Aislamiento Voluntario. En este mismo sentido, el 29 de junio, la magistrada amplió su sentencia, recogiendo varios de nuestros criterios.

Así, dispuso que las medidas cautelares cubran a todas las comunidades waorani en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana); que la coordinación debe realizarse con nuestras autoridades de la NAWE, AMWE y CONCONAWEP; y que el MSP debe financiar el traslado de pacientes o del personal médico hacia las comunidades para atención de quienes no puedan salir del territorio. También, que la dotación de kits humanitarios se debe realizar cada quince días, “hasta la superación definitiva de la pandemia”.

Preocupan los continuos e insistentes pedidos de revocatoria de las medidas cautelares desde la Procuraduría, de la Secretaría de Derechos humanos, la Gobernación de Pastaza, el MAE y MSP e inclusive desde la propia Presidencia de la República. Frente a estas insistencias, resueltas por la jueza tanto el 29 de junio como el 06 de julio, quedan muchas dudas de la voluntad política que tienen las dependencias estatales mencionadas de garantizar los derechos de nuestra nacionalidad, de acuerdo con los estándares de derechos humanos pertinentes y en cumplimiento de las medidas cautelares. Recalcamos que este tiempo ha sido complejo para nuestra nacionalidad y, específicamente, para las familias de nuestros dirigentes, pues han debido enfrentar el covid-19 en sus propios cuerpos y han podido curarse no por la atención del Estado, sino por nuestra medicina tradicional que nunca ha perdido valor y vigencia. Nos enfrentamos a un Estado Plurinacional contradictoriamente racista, que sigue negando los riesgos a los que estamos expuestos. “Si nosotros no hubiéramos iniciado nosotros mismos con la cooperación de manos aliadas, el Estado no hubiera intervenido. Después de varias denuncias, después de varias presiones y, aún así, no tenían elementos para ir al territorio y comprobar los contagios”.

Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador En este tiempo han ocurrido hechos que preocupan y aumentan el riesgo, sobre todo porque develan un Estado indolente y poco dispuesto a cumplir con mínimos parámetros interculturales.

El Estado ecuatoriano, a pesar de ser Plurinacional, sigue siendo un Estado racista, donde la mirada sobre lo indígena sólo le es útil cuando quiere mostrar un rostro supuestamente inclusivo, pero bastan minutos para demostrar que esa imagen se diluye en actos excluyentes, como estos:

• A finales de junio, el MIES nos propone un kit de alimentos distantes de nuestra dieta y poco saludables, que, entre otras cosas, incluye salsa de tomate, mayonesa y leche.

Asimismo, los alimentos que debían ser entregados todavía no han llegado a las familias waorani.

• En la última notificación del 6 de julio, la Presidencia, en un entendimiento simple y pobre sobre las medidas, señala que estas ponen en riesgo tanto el no contacto de los Pueblos Aislados como el reciente contacto de nuestro pueblo, pese a que fueron demandas por nosotros mismos.
• La Gobernadora de Pastaza señala que la entrega sostenida de alimentos cada 15 días durante toda la pandemia no es aceptable, debido a que: “si esta pandemia no termina no tiene un fin determinado (…) porque rompe la igualdad constitucional creando privilegios a parcialidades muy disminuidas en número”.

No somos una “parcialidad muy disminuida”, somos un pueblo de 5000 personas que se encuentra en desventaja histórica, pues nuestro contacto no tiene más de 60 años.

• El MSP, por su lado, señala que las acciones tomadas previas a las medidas cautelares son suficientes para garantizar nuestros derechos.

Reiteramos que nuestras comunidades subsisten en medio de un sistema de salud desabastecido, lo que ha sido reconocido por el propio Ministerio de Salud, y las acciones de esta entidad son insuficientes, escasamente articuladas y no consideran nuestras particulares culturales e identitarias.

Han pasado 15 días y aún no hemos recibido informes sobre las acciones desarrolladas, tampoco tenemos claridad de cuántos compañeros han sido diagnosticados, siendo esto parte del resolución judicial. Frente a autoridades de mayor rango, se establecen acuerdos, pero cuando están frente a nuestra población evidencian que sus compromisos distan de la verdad.

Nos dijeron que había pruebas para testear a cada uno de nosotros, más cuando llegan a una comunidad indican que en nuestro territorio se aplicará únicamente a un miembro por familia. ¿Cuál es la garantía de que la persona a quien se aplica la prueba es realmente quien necesita la atención y el diagnóstico?

Si bien estas medidas son significativas, una de sus partes fundamentales recae sobre la decisión de la jueza de negar la moratoria de la actividad extractiva, señalando que son actividades estratégicas, y desconociendo el grave impacto que generan sobre nuestras vidas y la de los Pueblos en Aislamiento.

A la par, alertamos que ese mismo argumento se utiliza para seguir avanzando en la construcción de la carretera en la Zona Intangible, la misma que nos pone en riesgo y de la cual habíamos advertido dentro de nuestra demanda.

Reiteramos que esta vía (no sendero ecológico) se construye afianzando que al Estado no le importa la vida de los Pueblos y las Nacionalidades, incluso estando a un paso de un etnocidio. 2 Hacemos hincapié en que, si bien estamos a dispuestos a concertar la atención con las autoridades del Ejecutivo, no nos sentimos protegidos. El Estado deberá cumplir la disposición judicial, pese a que, todos los demandados han pedido revocar las medidas cautelares.

Con análisis poco sustentados, las instituciones que deberían hacer prevalecer nuestros derechos como pueblo en contacto inicial y el de nuestros hermanos los pueblos aislados, desconocen el riesgo en el que nos encontramos y desconocen sus responsabilidades. Posición judírica Desde el inicio del proceso legal, se ha venido insistiendo en que el riesgo recae sobre el derecho a la vida, este se convierte en un bien jurídico protegido, cuya vulneración recaería en una conducta penalmente punible.

En el Código Orgánico Integral Penal, se tipifican y sancionan estos ilícitos que se conocen como crímenes en contra de la humanidad y para el caso de la Nacionalidad Waorani se ha advertido que podría configurarse un genocidio o un etnocidio.

Se señala, además, que con un manejo adecuado de la pandemia y el cumplimento de los deberes del gobierno de proteger y servir a sus ciudadanos estos hechos posibles pueden ser evitados.

Sin embargo, la realidad que vive la nacionalidad es la de un gobierno que omite sus deberes y responsabilidades con sus incidentes mal intencionados, sus oposiciones infundadas y, sobre todo, la falta de cumplimiento de todas las medidas indispensables y urgentes, necesarias para garantizar la superviviencia de la nacionalidad Waorani, los Pueblos en Aislamiento Voluntario, y la vida de sus miembros.