El 17 de junio, la jueza Delicia de los \u00c1ngeles Garc\u00e9s, de la Unidad de Familia con sede en Quito, dict\u00f3 medidas cautelares a favor de la Nacionalidad Waorani, en las que se dispusieron t\u00e9rminos y acciones concretas para los Gobernadores de Napo, Pastaza y Orellana; los Ministerios de Salud P\u00fablica (MSP), de Ambiente y Agua (MAE) y de Inclusi\u00f3n Econ\u00f3mica y Social (MIES); la Secretar\u00eda de Derechos Humanos; y la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n
Estas medidas fueron 1 interpuestas debido a que la propagaci\u00f3n del covid-19 pone en riesgo varios derechos, entre ellos, la vida de nuestro pueblo como la de nuestros hermanos los Pueblos en Aislamiento Voluntario. En este mismo sentido, el 29 de junio, la magistrada ampli\u00f3 su sentencia, recogiendo varios de nuestros criterios.<\/p>\n
As\u00ed, dispuso que las medidas cautelares cubran a todas las comunidades waorani en tres provincias (Napo, Pastaza y Orellana); que la coordinaci\u00f3n debe realizarse con nuestras autoridades de la NAWE, AMWE y CONCONAWEP; y que el MSP debe financiar el traslado de pacientes o del personal m\u00e9dico hacia las comunidades para atenci\u00f3n de quienes no puedan salir del territorio. Tambi\u00e9n, que la dotaci\u00f3n de kits humanitarios se debe realizar cada quince d\u00edas, \u201chasta la superaci\u00f3n definitiva de la pandemia\u201d.<\/p>\n
Preocupan los continuos e insistentes pedidos de revocatoria de las medidas cautelares desde la Procuradur\u00eda, de la Secretar\u00eda de Derechos humanos, la Gobernaci\u00f3n de Pastaza, el MAE y MSP e inclusive desde la propia Presidencia de la Rep\u00fablica. Frente a estas insistencias, resueltas por la jueza tanto el 29 de junio como el 06 de julio, quedan muchas dudas de la voluntad pol\u00edtica que tienen las dependencias estatales mencionadas de garantizar los derechos de nuestra nacionalidad, de acuerdo con los est\u00e1ndares de derechos humanos pertinentes y en cumplimiento de las medidas cautelares. Recalcamos que este tiempo ha sido complejo para nuestra nacionalidad y, espec\u00edficamente, para las familias de nuestros dirigentes, pues han debido enfrentar el covid-19 en sus propios cuerpos y han podido curarse no por la atenci\u00f3n del Estado, sino por nuestra medicina tradicional que nunca ha perdido valor y vigencia. Nos enfrentamos a un Estado Plurinacional contradictoriamente racista, que sigue negando los riesgos a los que estamos expuestos. \u201cSi nosotros no hubi\u00e9ramos iniciado nosotros mismos con la cooperaci\u00f3n de manos aliadas, el Estado no hubiera intervenido. Despu\u00e9s de varias denuncias, despu\u00e9s de varias presiones y, a\u00fan as\u00ed, no ten\u00edan elementos para ir al territorio y comprobar los contagios\u201d.<\/p>\n
Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador En este tiempo han ocurrido hechos que preocupan y aumentan el riesgo, sobre todo porque develan un Estado indolente y poco dispuesto a cumplir con m\u00ednimos par\u00e1metros interculturales.<\/p>\n
El Estado ecuatoriano, a pesar de ser Plurinacional, sigue siendo un Estado racista, donde la mirada sobre lo ind\u00edgena s\u00f3lo le es \u00fatil cuando quiere mostrar un rostro supuestamente inclusivo, pero bastan minutos para demostrar que esa imagen se diluye en actos excluyentes, como estos:<\/p>\n
Asimismo, los alimentos que deb\u00edan ser entregados todav\u00eda no han llegado a las familias waorani.<\/p>\n
No somos una \u201cparcialidad muy disminuida\u201d, somos un pueblo de 5000 personas que se encuentra en desventaja hist\u00f3rica, pues nuestro contacto no tiene m\u00e1s de 60 a\u00f1os.<\/p>\n
Reiteramos que nuestras comunidades subsisten en medio de un sistema de salud desabastecido, lo que ha sido reconocido por el propio Ministerio de Salud, y las acciones de esta entidad son insuficientes, escasamente articuladas y no consideran nuestras particulares culturales e identitarias.<\/p>\n
Han pasado 15 d\u00edas y a\u00fan no hemos recibido informes sobre las acciones desarrolladas, tampoco tenemos claridad de cu\u00e1ntos compa\u00f1eros han sido diagnosticados, siendo esto parte del resoluci\u00f3n judicial. Frente a autoridades de mayor rango, se establecen acuerdos, pero cuando est\u00e1n frente a nuestra poblaci\u00f3n evidencian que sus compromisos distan de la verdad.<\/p>\n
Nos dijeron que hab\u00eda pruebas para testear a cada uno de nosotros, m\u00e1s cuando llegan a una comunidad indican que en nuestro territorio se aplicar\u00e1 \u00fanicamente a un miembro por familia. \u00bfCu\u00e1l es la garant\u00eda de que la persona a quien se aplica la prueba es realmente quien necesita la atenci\u00f3n y el diagn\u00f3stico?<\/p>\n
Si bien estas medidas son significativas, una de sus partes fundamentales recae sobre la decisi\u00f3n de la jueza de negar la moratoria de la actividad extractiva, se\u00f1alando que son actividades estrat\u00e9gicas, y desconociendo el grave impacto que generan sobre nuestras vidas y la de los Pueblos en Aislamiento.<\/p>\n
A la par, alertamos que ese mismo argumento se utiliza para seguir avanzando en la construcci\u00f3n de la carretera en la Zona Intangible, la misma que nos pone en riesgo y de la cual hab\u00edamos advertido dentro de nuestra demanda.<\/p>\n
Reiteramos que esta v\u00eda (no sendero ecol\u00f3gico) se construye afianzando que al Estado no le importa la vida de los Pueblos y las Nacionalidades, incluso estando a un paso de un etnocidio. 2 Hacemos hincapi\u00e9 en que, si bien estamos a dispuestos a concertar la atenci\u00f3n con las autoridades del Ejecutivo, no nos sentimos protegidos. El Estado deber\u00e1 cumplir la disposici\u00f3n judicial, pese a que, todos los demandados han pedido revocar las medidas cautelares.<\/p>\n
Con an\u00e1lisis poco sustentados, las instituciones que deber\u00edan hacer prevalecer nuestros derechos como pueblo en contacto inicial y el de nuestros hermanos los pueblos aislados, desconocen el riesgo en el que nos encontramos y desconocen sus responsabilidades. Posici\u00f3n jud\u00edrica Desde el inicio del proceso legal, se ha venido insistiendo en que el riesgo recae sobre el derecho a la vida, este se convierte en un bien jur\u00eddico protegido, cuya vulneraci\u00f3n recaer\u00eda en una conducta penalmente punible.<\/p>\n
En el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, se tipifican y sancionan estos il\u00edcitos que se conocen como cr\u00edmenes en contra de la humanidad y para el caso de la Nacionalidad Waorani se ha advertido que podr\u00eda configurarse un genocidio o un etnocidio.<\/p>\n
Se se\u00f1ala, adem\u00e1s, que con un manejo adecuado de la pandemia y el cumplimento de los deberes del gobierno de proteger y servir a sus ciudadanos estos hechos posibles pueden ser evitados.<\/p>\n
Sin embargo, la realidad que vive la nacionalidad es la de un gobierno que omite sus deberes y responsabilidades con sus incidentes mal intencionados, sus oposiciones infundadas y, sobre todo, la falta de cumplimiento de todas las medidas indispensables y urgentes, necesarias para garantizar la superviviencia de la nacionalidad Waorani, los Pueblos en Aislamiento Voluntario, y la vida de sus miembros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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