El 19 de agosto 2020, se cerró la audiencia de primera instancia ante el juez penal de Francisco de Orellana en la acción de protección presentada por el derrame de más de 15.000 barriles de crudo el 7 de abril de 2020 por la rotura de los oleoductos OCP, SOTE y poliducto que contaminó los ríos Coca y Napo por más de 300 kilómetros y afectó directamente a más de 27.000 personas de las comunidades ribereñas, mayoritariamente kichwas, señaló el doctor Jorge Acero parte del equipo jurídico de los afectados.

Además Acero, indicó, Se presentó pruebas por las empresas y entidades accionadas y se recogieron los testimonios finales de personas afectadas, organizaciones indígenas y sociales, demandantes por la violación de los derechos al agua, salud, alimentación, ambiente y a la naturaleza, probándose que: 1. Las empresas conocían el riesgo y no actuaron para evitarlo y 2. Que no han remediado ni reparado adecuadamente los daños ni atendido las necesidades generadas por el derrame a las personas, especialmente el agua y alimentación. Durante la audiencia quedó claro que para las empresas petroleras y el gobierno, la vida de las personas afectadas por derrames petroleros y del ambiente no es importante.

El juez convocó para el 1 de septiembre a las 9.00 para dictar sentencia en este caso.